Por: Sabino López
La RFEF, bajo el paraguas del estado de alarma, quiere llevar a cabo un atropello a la normativa federativa en vigor que lo que produce es una inseguridad jurídica muy importante, abriéndose la puerta a las reclamaciones.
No obstante, soy de los que creo que, como históricamente ocurrió en el fútbol, se enfriarán tales anuncios de reclamaciones y podrá quedar algún llanero solitario que los tiempos de la justicia harán que el olvido sea su final, aunque, puede ocurrir como el “caso Obradoiro” de baloncesto que después de años de transitar jurídico, ganó su vuelta a la ACB.
Es cierto que el llanero solitario puede conseguir, con alta dificultad, el que algún Juez le conceda lo que se denomina una “cautelarísima” que obligue a suspender todas las actuaciones.
Pretendía el presidente de la RFEF que el Consejo Superior de Deportes le diera amparo para actuar a sus anchas, en clave electoral, y se encontró con una Resolución del CSD con gran contenido de gaseosa ya que, bajo una apariencia de Resolución administrativa, al leerla uno se encuentra con que se dan una serie de recomendaciones de buen amigo que no tienen valor alguno, como norma.
Apuntamos, en otro artículo, que con la normativa federativa, actual, la competición se juega o se anula.
Tal afirmación sigue en pie, toda vez que la salvación que se buscaba en el CSD no llegó y, por tanto, entiendo que es posible, basándose en la declaración del estado de alarma, que la propia normativa federativa, en vigor, puede propiciar que se lleven a cabo actuaciones que den solución a la situación actual y ello ha de pasar por un acuerdo de la Asamblea General del fútbol.
No es la Comisión Delegada de la RFEF la que viene facultada para acordar la suspensión total o parcial de la competición ya que tal competencia recae en la Asamblea General de la RFEF ya que el Artículo 189.6 del Reglamento de la RFEF, señala como competente para aprobar el calendario de las categorías inferiores a 2ª división, a la Asamblea General.
La Comisión Delegada, en base al Artículo 32 de los Estatutos de la RFEF, puede modificar el calendario deportivo, pero no suspenderlo, y, siempre actuará “sin excederse de los límites y criterios de la Asamblea General”.
Podía el presidente de la RFEF tomar como referencia la actuación que va a seguir la Real Federación Asturiana de Fútbol y algunas otras Federaciones Territoriales, a la hora de dar salida al acuerdo de dar por finalizada la competición del fútbol regional.
Establece una serie de normas para concretar cómo quedan las clasificaciones finales, al dar por finalizada la competición, y todo ello lo remata con una convocatoria de la Asamblea General del fútbol asturiano ya que reconoce que los acuerdos adoptados por la Junta Directiva, han de ser aprobados por la Asamblea General al ser de su competencia, acogiéndose, en cuanto a la forma de celebración de la misma, al Artículo 40. 2 del Real Decreto Ley 8/2020 y, por ello, los acuerdos serán tomados por escrito y sin sesión, previa solicitud a todos los Asambleístas por parte del Presidente de la RFAF.
Es de resaltar que existe, en este caso, una posición clara de intentar respetar la normativa federativa vigente.
Lo que ya parece un canto al sol, es que, en el mismo acuerdo, se apunta que se solicitará de la Directora General de Deportes del Principado de Asturias una Resolución análoga a la de la Presidente del CSD.
Es evidente que, con la convocatoria de la Asamblea General, las posibles recomendaciones de la Directora General de Deportes del Principado de Asturias, carecen de contenido alguno.
No se por qué, pero siendo seguidor de los aconteceres del mundo del deporte y, en particular del fútbol, me da la impresión que hay algún que otro gaitero al que le siguen, en casi todo, algún que otro tamborilero, haciendo todos juntos que el fútbol, parezca una romería.
Estas son las reflexiones de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud, como decía aquél.
