El Public Compliance es uno de los mecanismos que más favorecen a las entidades estatales para evidenciar una real lucha anticorrupción en los países que sufren de esta causa de subdesarrollo.
El conjunto de normas, cumplimiento de principios y reglamentos internos que regulen la organización y las relaciones de la administración pública tanto entre las diferentes instituciones así con el sector privado y los administrados con el propósito de erradicar delitos en contra de la administración pública esencialmente como objetivo de terminar con la corrupción es la solución administrativa estatal para el desarrollo.
Es evidente que la corrupción perjudica al Estado, al restar recursos que pueden ser empleados en salud pública, educación y otros servicios públicos. Evidenciado este mal a través del delito de peculado, aquel delito que tipifica la conducta que perjudica económicamente al fisco estatal para beneficio de otros.
Los mecanismos para detectar este tipo de conductas delictivas deben implementarse como medidas de prevención en las propias instituciones públicas que establezcan un conjunto de protocolos y alertas que puedan a tiempo evitar o detectar actividades inusuales que contravengan con el debido desarrollo institucional.
La información que reposa tanto en entes de controles externos como los de materia de talento humano, no es suficiente para detectar o prevenir un posible caso de peculado en una institución pública por lo que es necesario que al menos una persona dentro del organismo asuma un rol de suspicacia y eminentemente preventivo de delitos en contra de la Administración Pública.
La apropiación y el mal uso de recursos públicos deben ser combatidos y principalmente, prevenidos.
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